Vergüenza!

Por Ana María Correa


Es exactamente eso lo que se siente frente al ping pong institucional de los últimos días, forzado por un régimen de transición viciado y torpe, que no previó una serie de situaciones, y que dejó gigantescas lagunas de ambigüedad, lo que ha ocasionado que hagamos exactamente lo que supuestamente era parte del pasado, violar la Constitución días después de ser aprobada. ¡Vergonzoso!

Un Tribunal Constitucional desprestigiado, nominado por la famosa partidocracia, vía el tristemente célebre Congreso cesado, pero cuyos miembros fueron colocados allí por el Ejecutivo, y que sirvió durante estos meses de Gobierno como tribunal ventrílocuo de los intereses de Rafael Correa y su proyecto de poder. Hoy, con el advenimiento de la patria nueva, convertido en todopoderosa Corte Constitucional. Definitivamente ni siquiera llama la atención que el organismo se transformara en la cenicienta de la revolución ciudadana.

Después de todo, al Congreso cesado, probablemente no le faltaron ganas de ser súbitamente Asamblea Nacional o Comisión Legislativa. La misma Corte, debe haber tenido malos pensamientos y ganas de convertirse súbita y mágicamente en Corte Nacional de Justicia. Lo que verdaderamente sí estremece son las arbitrariedades que el Gobierno está dispuesto a avalar, para conseguir sus fines.

Al mostrar su aquiescencia frente al hecho, lo único que el Gobierno muestra es que le tiene sin cuidado burlar su propio texto constitucional -ni siquiera la Constitución neoliberal, sino el texto sagrado de Montecristi- que en el artículo 25 del régimen de transición determina, sin rodeos, que una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, se organizaría una comisión calificadora para designar a los magistrados o a las magistradas de la primera, y resalto primera, Corte Constitucional.

La Constitución de Montecristi es ya letra muerta. Violentada por el Tribunal Constitucional, refrendada por los Comisionados de Alianza País, y nuevamente avalada por el Consejo Nacional Electoral, que aparentemente ha caído en este penoso juego de desbarajuste institucional, al "consultar" a la malhadada Corte Constitucional, sobre la interpretación de los artículos constitucionales para el concurso de conformación del Consejo de Participación Ciudadana, luego de que el congresillo se lavó las manos de su realización. Decisión que legitima la supuesta capacidad del organismo, cuando en realidad no tiene ninguna. Eso sin ni siquiera topar el descalabro de la justicia, y el arreglo que se cocina.

Parece que asistimos a un teatro de lo absurdo, orquestado por un Gobierno, que enceguecido por su ambición de poder absoluto, y por un alto grado de imprevisión e improvisación, coloca al país en una situación patética, que se resolverá con cualquier acomodo fáctico, como ya es costumbre.

Mientras tanto, suenan unas pocas voces críticas como la de Alberto Acosta, que sin embargo potente, cae en el vacío. ¡Vergüenza!